La institución legislativa de cualquier país tiene como fin último la conformación del cuerpo legal que regirá a dicho estado. Los procesos parlamentarios que se utilizan dependen del sistema de gobierno elegido por este país, no siendo el mismo aquel que se da en sistemas parlamentarios que el que se observa en sistemas presidencialistas.

Pero se debe destacar que en todos los sistemas, por lo menos en aquellos que podemos llamar democráticos, la representación de las minorías se encuentra garantizada. Esta representación lejos de ser una concesión de la mayoría tiene como objeto evitar lo que Alexis de Tocqueville llama la “tiranía de la mayoría”.

Atento que el ámbito legislativo es el ámbito de debate por excelencia, el mecanismo propio del sistema permite que una vez presentado el proyecto de ley, ambas partes, mayoría y minorías, debatan el mismo y en vista de las posturas mayoritarias y las objeciones de la minoría se logre alcanzar un acuerdo en el cual, la mayoría no pierda su iniciativa pero que el resto de la sociedad no entienda sus derechos avasallados o dejados de lado.

El problema surge cuando las mayorías con una alta carga ideológica se niegan a la formulación de cambios propuestos por las minorías imponiendo su número al momento de aprobar modificaciones legislativas. En este punto se produce un quiebre en la sociedad, que a raíz de la alta incidencia ideológica empieza a alejarse de las posturas mas cercanas al centro, radicalizando cada vez mas su postura con respecto a la posición que se debe tomar.

Este caso en particular tiene repercusión por estos días en el tratamiento de la ley conocida como “Democratización de la Justicia”. Ante la negativa por parte del oficialismo de introducir modificaciones al proyecto y la imposibilidad de la oposición de imponer cambios debido a la ausencia de número, la postura por parte de los participantes del proceso se van radicalizando poco a poco.

El intento de movilizar a gran cantidad de la sociedad al Congreso el día de la votación del proyecto para ejercer presión sobre los legisladores es un claro indicador de la situación de impotencia que hoy vive la oposición que no ha logrado articular una propuesta integradora y mucho menos marcar una unidad que permita arrebatar la mayoría a un gobierno que ellos entienden intenta con esta ley sacar funciones al poder Judicial.

Porque posterior a la crisis del 2001 y con la fragmentación partidaria que se dio a raíz de esta, los partidos no han logrado articularse de forma tal que se conviertan en una oferta tentadora para la mayoría de la población. Las características propias de los gobiernos que se suscitaron posteriormente a esta crisis son más de movimiento que de partido. Así se genera una política de facciones que pugnan por la imposición de un pensamiento propio sin hacer caso a las necesidades del conjunto de la sociedad que debería encontrarse representada y no descartada.

El problema más allá de la imposibilidad de la oposición de lograr esto, es la postura que ha tomado la sociedad al momento de tomar los reclamos, que no pueden canalizar por las vías políticas correspondientes, en sus manos. Al hacer esto la lógica democrática republicana comienza a perder su esencia ya que al no encontrar en las instituciones de la república una representación adecuada los particulares toman su representación para si mismos reclamando, como sucedió el 18 de abril, por cualquier medio que les sea posible. Esta situación en caso de no ser manejada correctamente puede traer grandes problemas a un sistema republicano de gobierno, ya que agotadas sus instituciones verá de parte de ambas facciones, un aumento de la movilización social que pugnará por ganar espacios (lo que en la jerga se llama ganar la calle) y generará fricciones entre ambos lados que encontrarán como solución una postura cada vez más alejada del centro. Estas fuerzas centrifugas que se podrían dar, terminarían de polarizar una sociedad ya fragmentada dando comienzo a una  etapa de alta inestabilidad política que si se conjugara con una situación económica en retroceso tendría resultados nefastos para la democracia.

De no habilitarse el dialogo por parte de las mayorías, las minorías reclamarán aquello que creen se les está arrebatando sin siquiera posibilidad de debatir. De no encontrar representación en los partidos de oposición el conflicto aumentará y es difícil predecir hasta dónde podrá llegar la marea humana en el afán de satisfacer sus reclamos.